Ante la Corte Constitucional, la Superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, informó que, pese a las diferentes acciones de inspección, vigilancia y control realizadas durante 2025 y lo corrido de 2026, es necesario avanzar en el cierre de las investigaciones administrativas en curso frente a 26 vigilados y dar traslado de las sanciones ya impuestas a los entes de control correspondientes, según sea el caso.

La Superintendente señaló durante la sesión técnica de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 que, aunque los indicadores registrados muestran cumplimiento del plan, persisten situaciones que evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar la atención en salud de los niños y niñas Wayúu.

En este sentido, señaló que es necesario avanzar en acciones concretas que permitan hacer efectivo su derecho fundamental a la salud, ante evidencias como el reciente caso del fallecimiento de una menor de edad en el municipio de Uribia, frente al cual se adelantan actuaciones para establecer las posibles responsabilidades de las instituciones involucradas.

Frente a este hecho, la Superintendencia adelanta actuaciones para establecer las posibles responsabilidades de Nueva EPS, la IPSI Supula y las secretarías de Salud municipal de Uribia y departamental de La Guajira, en el marco de sus respectivas competencias.

Asimismo, anunció que se está fortalecimiento el trabajo articulado de la Red de Controladores con la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Para ello, se han reactivado espacios de coordinación y se participará en los mecanismos de información consolidada que facilite el seguimiento y permita avanzar de manera coordinada en las actuaciones.