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El Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, dijo que no es cierto quela Nueva EPS esté en un proceso de deterioro progresivo. “Las cifras no revelan el deterioro, sino la magnitud del problema que hay que resolver. En lo que ya viene trabajando esta administración”.
Con estas declaraciones el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, explica cómo la medida de intervención sobre la Nueva EPS, que inició en abril de 2024, permitió conocer la real situación financiera de la EPS y lo que estamos haciendo es resolver las causas.
La primera de ellas, la ineficiencia en los procesos financieros y contables de la entidad, evidenciados en el represamiento de facturas y cuentas médicas, algo que la EPS busca cortar de raíz con el inicio del sistema de información Factramed, para la gestión digital de las facturas.
Con Factramed funcionando, la EPS inicia un nuevo control con la auditoría a las facturas y cuentas médicas oportunamente, a través de una firma especializada en esta gestión. Auditorías que son complementarias a las que ya se realizan a los procesos médicos asistenciales en prestadores. En la nueva herramienta ya fueron capacitados 4 mil prestadores y tienen cobertura 321 IPS de nivel nacional.
Según explicó Según explicó Rubiano García, “Son las deudas acumuladas y sistemáticas las que han contribuido para que el principal pagador del sistema de salud colombiano esté en una espiral compleja. Por una parte, debe mantener el flujo de recursos existentes para garantizar la atención y prestación de servicios de sus 11 millones setecientos mil afiliados; y de otro lado, debe hacerlo en medio de los retos que implica ordenar y vigilar los pagos a 2.500 proveedores de servicios y tecnologías en salud”.
Todo esto en medio de las debilidades estructurales que afectan la gestión de la EPS, aún en esta vigencia. A esto se suma, que Nueva EPS maneja un presupuesto mensual de 2 billones de pesos, y en donde los prestadores, no todos, recurren a mecanismos que van desde el cierre de servicios hasta embargos de la UPC para reclamar sus pagos.
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