La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) puso en marcha una estrategia técnica y jurídica para blindar los procesos de extinción de dominio en todo el país. Esta gestión busca asegurar que los 19.869 bienes incautados a organizaciones criminales y al narcotráfico, permanezcan bajo el control del Estado, garantizando la integridad de activos valorados en aproximadamente 6 billones de pesos.

Ante la suspensión provisional de una instrucción administrativa por parte del Consejo de Estado, que reactivó el término de caducidad de 10 años para medidas cautelares, operando para todos los procesos incluyendo aquellos en trámite de extinción de dominio, la superintendencia liderada por Ricardo Agudelo Sedano, actuó de manera inmediata para evitar vacíos legales que pudieran ser aprovechados por actores al margen de la ley.

«Lo que se busca es que, de manera urgente, se envíe nuevamente la solicitud de medida cautelar que impida el levantamiento de dichas inscripciones y por ende opere la caducidad de la medida», afirmó el Superintendente Agudelo Sedano.

La entidad implementó la Instrucción Administrativa IA-2026-000002-9, que funciona como un escudo de protección mediante directrices como que ningún registrador del país podrá levantar una medida cautelar por caducidad, sin antes agotar un proceso de verificación riguroso de la titularidad del bien.

Igualmente, se activó un canal de comunicación directa y obligatoria entre las Oficinas de Registro (ORIP), La Fiscalía General de la Nación, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y los despachos judiciales. Antes de cualquier movimiento, el juez de la causa es notificado para que ratifique la medida.

La entidad ejercerá funciones de Inspección, Vigilancia y Control sobre cada solicitud, asegurando que se cumplan los principios de legalidad y defensa de los intereses de la Nación.

Esta respuesta institucional demuestra la capacidad de la Superintendencia para adaptarse a los desafíos jurídicos, priorizando la cooperación armónica con la justicia. La entidad no solo acata las decisiones de los altos tribunales, sino que lidera acciones para facilitar que las autoridades judiciales emitan órdenes de protección de manera urgente cuando sea necesario.