La siniestralidad vial en Colombia se convirtió en una epidemia silenciosa y en ascenso, afirmó el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, al poner de presente como las muertes por accidentes viales superan las del conflicto armado, el microtráfico y otro tipo de actividades.

“El país no solamente puede seguir hablando de paz, de mesas de negociación, sin reconocer la importancia que tiene este asunto en la sociedad, que le está quitando la vida a muchos colombianos”, anotó.

“Tener fuera del debate, de la agenda pública nacional, los asuntos relacionados con las muertes que ocasiona la siniestralidad vial, sin tener que compararlas con las muertes ocasionadas por la violencia y la guerra, muestra un país que está negando la posibilidad de recuperar y salvar vidas”, consideró.

Aseguró que el balance de resultados en este tema se aleja cada vez más de las metas propuestas de reducción de muertes y lesionados y mencionó entonces dos cifras preocupantes al respecto:

– Para los Niños, Niñas y Adolescentes, la única causa de muerte violenta que ha tenido una variación creciente es la de eventos de transporte con un 11%.

– Para los hombres en el grupo de causas generales, las lesiones causadas en el transporte pasaron de ser la sexta causa a la quinta causa de muerte, es decir, para un hombre es más probable fallecer de manera prematura en un siniestro vial que por infecciones respiratorias o enfermedades hipertensivas.

El Contralor en funciones insistió en la necesidad de engranar de una mejor forma la operación y la atención de este flagelo que se está consumiendo la vida de muchos colombianos.

Cifras distintas

Zuluaga Pardo mencionó luego cifras donde se advierten notorias diferencias: la Agencia de Seguridad Vial habla cada año de 22 mil afectaciones en promedio por siniestralidad vial, pero al revisar la información que tiene la Adres por reclamaciones de Soat se encuentra que son en promedio anualmente 800 mil atenciones que se dan por esto y que le generan a dicha entidad unas reclamaciones y pretensiones de pago por el orden de $ 530.000 millones.

“Lo peor de todo no es solamente que la cifra ascienda a esos $530 mil millones, sino que muchas de ellas pueden estar asociadas a unos factores claramente identificados por la Contraloría, como personas que tienen Soat falsos”, señaló.