A través de la Circular Externa 100-002 de 2024 el Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió los lineamientos para que las entidades, organismos y órganos del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva nacional y territorial, intervenga los trámites que le están dificultando la vida a las ciudadanías.

La circular dirigida a los representantes legales, los insta a poner en marcha procesos de racionalización y estandarización que incluyan medidas relacionadas con costos, uso de la tecnología, reducción de tiempos, así como la eliminación de trámites y requisitos.

Los avances de la política de racionalización de trámites en las entidades serán verificados por Función Pública y consignado en el Informe de Actualización y Estandarización que exige la Ley 2052 de 2020.

Cifras de la simplificación de trámites

En 2023 la política de racionalización de trámites logró 710 acciones de racionalización que impactaron al 78 % del país en 25 departamentos y a municipios como Hacarí (Norte de Santander), Puerto Lleras (Meta), Convención (Norte de Santander) Puerto Guzmán (Putumayo) y Tadó (Chocó), en los que Función Pública hizo presencia a través de su estrategia territorial.

De las acciones de racionalización 84 fueron ejecutadas por entidades nacionales y 626 por entes territoriales; de estás 294 correspondieron racionalizaciones de tipo administrativo, 78 normativas y 338 tecnológicas.

Las diferentes acciones que han realizado las entidades en materia de racionalización y simplificación de trámites, con corte al 30 de noviembre de 2023, le ahorraron al país unos quince mil cuatrocientos veintiséis millones trescientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y nueve pesos (15.426.341.569).

El aporte de la racionalización no solo se mide en cifras sino en el impacto y valor de la calidad de servicio a las comunidades y el respeto por su tiempo.