A través de la estrategia institucional de investigación y judicialización por graves afectaciones a defensores de derechos humanos, la Fiscalía General de la Nación registra una histórica tasa de avance en esclarecimiento de homicidios contra esta población de especial protección. Con importantes resultados en 277 casos, se alcanzó un índice del 66.59 %.

La articulación entre la Unidad Especial de Investigación y la Delegada para la Seguridad Ciudadana, desarrollando un trabajo diferencial en las calles y en los territorios con grupos itinerantes de fiscales e investigadores, ha permitido en 14 meses de la actual administración, aumentar 14 puntos porcentuales este índice que, en febrero de 2020, estaba en el 52 %.

De los 277 procesos referidos con avances investigativos, 70 tienen sentencia condenatoria, 111 están en juicio, 26 en investigación con imputación y 52 en indagación con orden de captura.

Según el último censo de la entidad sobre defensores de derechos humanos, el 67.37 % de los homicidios perpetrados entre 2016-2020, reivindicados por la Oficina de Naciones Unidas (ONU), ocurrieron en zona rural, y el 32.61 % restante en área urbana, evidenciando la necesidad de continuar con un enfoque geográfico a partir del conocimiento probatorio y en contexto de los territorios para afrontar estos fenómenos delictivos.

Por otra parte, entre las víctimas de los homicidios y casos reportados que han sido esclarecidos, 135 eran líderes comunales, 79 líderes comunitarios, 57 líderes indígenas, 35 campesinos, 11 líderes sindicalistas, 11 líderes de víctimas, 11 líderes juveniles, 10 líderes afrodescendientes y 8 líderes ambientales y 7 líderes de población Lgbti, entre otros.

Las investigaciones priorizadas y los análisis evidencian que, en los 277 homicidios con avances en el esclarecimiento, la responsabilidad es atribuible a organizaciones criminales en un 69.12 %, tales como disidencias, ‘Clan del Golfo’, ELN y ‘Los Caparros’, entre otros.