El Departamento Administrativo de la Función Pública reveló que con corte al 12 de julio de este año, solo 220.948 servidores públicos de entidades de los departamentos y municipios, es decir, el 63% han diligenciado la actualización de su declaración de bienes y rentas.

Este porcentaje no incluye a los servidores de alcaldías y gobernaciones.

En consecuencia, el 37 % restante no ha cumplido con esta obligación, que consiste en diligenciar el Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas que encontrarán en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II).

El plazo para que las y los servidores públicos del orden territorial realicen la actualización de su declaración de bienes y rentas finaliza el próximo lunes 31 de julio de 2023.

Los servidores deben reportar información relacionada con sus datos personales, obligaciones financieras, conformación familiar, bienes patrimoniales, así como, sus ingresos laborales y no laborales.

La entidad recalcó que es una obligación de todas y todos los servidores públicos realizar la declaración de bienes y rentas al ingresar a una entidad, durante su permanencia en ella y al momento de retirarse, como lo estipula la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015.

La declaración de bienes y rentas es un acto de transparencia que fortalece la relación entre el Estado y la ciudadanía, elemento esencial en la construcción de la Paz Total.