Con el objetivo de enseñarles a las wayúu a ejercer vigilancia sobre la gestión pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y el Departamento Administrativo de la Función Pública, capacitaron a más de 150 mujeres integrantes de las comunidades Ishashimana en Manaure y Aipir de Uribia, en La Guajira.

“Ha revivido en La Guajira la función de los comités de control social, la organización de las madres para verificar la calidad de la atención es fundamental para el pilotaje de atención integral que inicia y se lanza este fin de semana en el departamento”, sostuvo la directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas.

Para un acercamiento total con las comunidades, los talleres se realizaron con el apoyo de una intérprete de la lengua wayuunaiki y se incluyeron actividades con manualidades para identificar las prioridades que tienen del cuidado de lo público. Así mismo, mediante conversatorios se mostró cómo conformar y ejercer veedurías, se les informó sobre los canales de atención del Icbf y se resaltó la línea de WhatsApp para que la comunidad informe sobre los casos de desnutrición, se expusieron las modalidades para prevenir la desnutrición y se compartió comida de la región elaborada en ollas comunitarias.

“Invitamos a las familias de todas las regiones de Colombia a ejercer su derecho al control social y con su apoyo, garantizar la calidad en los servicios ofrecidos a niños y niñas”, dijo Astrid Cáceres Cárdenas, quien resaltó que las familias tienen la palabra y por eso el Icbf escucha sus voces en el ejercicio del control social.

Para la Esap el trabajo interinstitucional permite llegar a la población de manera integral, hace más cercano el Gobierno del Cambio y las entidades del Estado con las realidades de los pueblos indígenas de Colombia.

Paralelo a las capacitaciones se han estado escuchando los ciudadanos que conforman los comités de control social del Icbf en los municipios de Manaure, Fonseca, Macao y Riohacha, para conocer la percepción de los servicios y hacer los ajustes necesarios para garantizar los derechos de la generación para la vida y la Paz.