Durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011, Valledupar se convirtió con el caso de Jaime Rafael Cantillo Muñoz en el primer municipio de Colombia en desarrollar un proceso de restitución en el que se cumplieron todas las órdenes impartidas por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras.

Este humilde campesino fue favorecido en el 2016 con la restitución de su predio y hoy su caso se suma al de cientos de familias que han recuperado la esperanza al cumplir el sueño de regresar a sus tierras. A la fecha, cerca de 1.488 casos se encuentran en manos de los jueces y magistrados, que cuando obtengan sentencias aumentarán las cifras de campesinos que recuperan los derechos sobre sus predios.

Hace quince años comenzó el calvario para Jaime Rafael Cantillo Muñoz. En marzo de 2005 se vio obligado a dejar, junto a su familia, la finca que por años había sido su hogar. La violencia generalizada lo llevó a tomar la decisión de abandonar su propiedad ubicada en zona rural de Valledupar.

Luego de emitida la sentencia la Unidad de Restitución de Tierras mediante las labores de seguimientos y articulación con las entidades vinculadas en la providencia logró el cumplimiento del 100 % de las órdenes incluidas en su sentencia.

Es así como a Jaime Rafael Cantillo le fue asignado un proyecto productivo de ganadería doble propósito por un valor de $ 23 millones. Además, la sentencia ordenó la instalación de servicios públicos domiciliarios como energía eléctrica, aspectos que dignificaron su vida y facilitaron sus labores agropecuarias.

En el departamento del Cesar existen 149 casos similares al de Jaime Rafael, así lo destaca Mireya Manotas, directora territorial de la URT en Cesar: “Cada familia restituida se ha visto beneficiada con la implementación de proyectos productivos, es por ello que en el departamento se han invertido alrededor de $ 4.504.801.687 para emprender labores de ganadería doble propósito, piscicultura, ovinos, caprinos y actividades agrícolas para seguridad alimentaria con cultivos de maíz, cacao, mango, yuca, y aves de corral”.

Jaime Rafael Cantillo también fue inscrito en el Registro Único de Víctimas accediendo a las ayudas humanitarias que otorga la Ley, y fue favorecido con el acceso a la educación intermedia a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), donde se vinculó junto con su núcleo familiar a programas agropecuarios con el objetivo de explotar el predio.

De igual manera, fue exonerado de los alivios de pasivos del impuesto predial de su predio ubicado en la vereda Las Palmas del corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar. Finalmente, en convenio con el Banco Agrario la Unidad de Restitución lo vinculó al subsidio de vivienda rural por valor de $ 18.600.000.

Cesar transformado vidas

Más de 23.000 hectáreas han sido devueltas a las víctimas en este departamento, beneficiando así a 3.112 familias con la emisión de 420 sentencias. La restitución también se ha llevado a cabo en los territorios indígenas de las etnias Yukpa en Iroka, Menkue, Misaya y La Pista (Agustín Codazzi), con los Wayuú de Nuevo Espinal (Barrancas, La Guajira) y con el resguardo Ette Enaka (El Copey, Cesar).

La URT junto con el Sistema de Reparación y Atención Integral (SNARIV) realizó el acompañamiento a la entrega de viviendas rurales en el departamento, que benefició, en primer lugar, a Leovigildo Movilla Pimienta, quien a sus 77 años emprende, junto con su familia, dos iniciativas productivas enfocadas en la piscicultura, además de cría y levante de ganado para producción de leche y carne en el corregimiento de Mariangola, zona rural de Valledupar.

De la misma manera, el restituido Pablo Duarte Quintero goza de su vivienda rural en el corregimiento de Casacará, perteneciente al municipio de Agustín Codazzi, Cesar. Igualmente, se adelantaron acciones para la construcción y entrega de viviendas de la beneficiaria Cecilia Pérez, restituida en la zona rural del municipio de Agustín Codazzi.

En cuanto a los participantes del proceso de restitución de tierras, seis compensaciones fueron ordenadas por los jueces especializados en la materia en el departamento.