La Contraloría General de la República presentó un estudio que revela graves deficiencias estructurales y de planeación en el uso de regalías y evidencia graves deficiencias estructurales y fallas de planeación, especialmente en municipios productores de recursos no renovables.

A pesar de los cuantiosos recursos recibidos gracias a la bonanza minera y petrolera, los avances en calidad de vida y desarrollo sostenible en estos territorios han sido marginales. El caso de La Jagua de Ibirico, Cesar, ilustra el colapso económico tras el retiro de la empresa minera.

Para el bienio 2021-2022, en las regiones se iniciaron 5.426 proyectos de inversión por un valor integral superior a los 23,3 billones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). A corte de diciembre del 2024, solo el 63 por ciento de esos proyectos se encontraban finalizados. Aunque se financiaron sectores clave, el transporte recibió $ 7 billones, relegando salud, educación y ambiente.

Se considera en el estudio que, si bien la infraestructura de transporte mejora la conectividad y fomenta la inversión, muchos de estos proyectos resultan ineficientes y costosos de mantener, perpetuando así las desigualdades sociales y regionales.

Más del 50 % de los departamentos han destinado la mayor parte de las regalías al sector transporte, sin comprobar si estas inversiones realmente han generado desarrollo económico o reducción de necesidades básicas insatisfechas.

La Contraloría identificó más de 125 proyectos por más de $ 1.1 billones durante el bienio 2021-2022 destinados a alimentación y transporte escolar, convirtiendo las regalías en una fuente para cubrir gastos recurrentes, algo prohibido por su propia naturaleza legal.