La Procuraduría General de la Nación expresa su gran preocupación respecto del proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Agricultura ‘por el cual se promueve la movilización y organización campesina’, pues en sus considerandos no se alude al derecho fundamental de reunión y protesta pacífica previstos en nuestra Constitución (art. 37).

El mencionado proyecto tampoco hace referencia a la libre asociación contemplada en el artículo 38 de la Carta Política, el cual establece el derecho de los ciudadanos para unirse y constituir asociaciones libremente para la realización de un proyecto común.

Las anteriores precisiones se realizan a pesar de que diferentes instituciones del Gobierno aseguran que el proyecto de decreto enmarca la materialización del derecho a la organización y movilización campesina.

Por esas razones, para la Procuraduría es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación, unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio.

Le llama la atención al Ministerio Público, que el Gobierno acuda a la expedición de un decreto oficial para, posiblemente, defender su proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales. En ese aspecto, el texto no es claro, sin embargo, uno de los argumentos presentados en el borrador es que se realiza un “llamado a la movilización y organización campesina”, y que se crearán comités municipales como “mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria”.

Adicionalmente, queda la duda si el Gobierno destinará recursos para la participación de los campesinos en movilizaciones, pues el texto indica que “todas las entidades de todos los sectores administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.

Estas observaciones son importantes, dado que la expedición del decreto podría implicar una violación a nuestra Constitución Política, al reglamentar, promover -y tal vez costear- la movilización de un sector específico de la sociedad para que apoye una política gubernamental, aun cuando existen mecanismos y autoridades facultadas para, por un lado, asegurar que este grupo de personas ejerza sus derechos a asociarse, manifestarse y participar en política y, por otro, a que el Gobierno Nacional avance en la reforma agraria que propone.

Por lo tanto, la Procuraduría exhorta al Gobierno Nacional a garantizar la protección de los derechos del campesinado a través de los canales institucionales existentes, con lo cual, por un lado, evitaría la multiplicidad de espacios que superen la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos, y por el otro, avanzaría en la mejora de las relaciones sociales y en el fortalecimiento de la confianza institucional, a partir de consolidar los principios democráticos y la armonización de elementos de diálogo en la toma de decisiones de las diferentes ramas del poder público, bajo el postulado de la protección de la pluralidad y la diversidad que reconoce nuestra Constitución.