Salvaguardar el territorio y los bienes de las comunidades, ante la situación de orden público que se presenta en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, así como en los municipios de Río de Oro y González en el Cesar, es la prioridad de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) como parte del cumplimiento del Decreto 0108 de 2025, proferido por el Gobierno Nacional.

“La historia de la violencia en Colombia ha demostrado que, cuando se presentan estos hechos, se agudiza el despojo de tierras en los territorios afectados. La diferencia es que, en esta desafortunada situación que está viviendo el Catatumbo, podemos responder con mayor oportunidad. Más aún cuando estamos bajo un estado de conmoción interior”, argumentó Giovani Yule, director general de la URT.

Para Yule, el Decreto 0108 de 2025 trae dos novedades importantes: la primera es adelantar medidas de protección colectiva. Es decir, de una manera masiva se emprenden estas medidas ante las graves situaciones de violencia que dejan como consecuencia el desplazamiento de la población. La segunda es que la URT puede aplicar estas acciones a través del Registro Único de Protección de Tierras y Territorios Abandonados (RUPTA), cuando una vereda, corregimiento, o municipio esté en riesgo inminente de desplazamiento o confinamiento.

Por ende, durante la vigencia del estado de conmoción interior, la URT impartirá medidas de protección a través del RUPTA sobre las tierras y territorios que sean abandonados como resultado del desplazamiento masivo, o en riesgo de ser abandonados, por causa de esta coyuntura.

La tarea enunciada avanzará, para proteger los derechos de los propietarios, poseedores y ocupantes e impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares. También se realizará la inscripción de las medidas preventivas y publicitarias frente a los poseedores y ocupantes.