Ante múltiples quejas por parte de las personas privadas de la libertad por las fallas en la prestación del servicio de alimentación, la Procuraduría llamó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, encargada de esta función, para que busque pronta solución a la problemática y no se vean vulnerados los derechos fundamentales de esta población.

Según el Ministerio Público, los compromisos asumidos en distintas mesas de seguimiento, lideradas por este órgano de control, no presentan mayores avances y los resultados, por el contrario, siguen siendo críticos en algunos centros carcelarios en donde las condiciones de salubridad y calidad son indignantes.

La situación llevó a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública a exhortar a la USPEC y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC- como también a interventoría y operadores a trabajar de manera articulada para establecer planes de mejora y cumplir con los estándares de calidad en la prestación del servicio.

Así mismo, el ente de control advirtió de un riguroso seguimiento al proceso de selección del nuevo operador y cuya licitación tiene un monto de 623 mil millones de pesos pues el actual contrato culmina el 31 de marzo de este año.

Finalmente, este órgano de control alertó al Ministerio de Justicia y del Derecho para que priorice la articulación y coordinación con las entidades territoriales, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2346 de 2024, respecto a la responsabilidad de garantizar la alimentación a los privados de la libertad en las estaciones de policía y URI bajo su jurisdicción, a partir del 1 de julio de 2025, asegurando el cumplimiento de los estándares nutricionales y de seguridad alimentaria.