La Procuraduría General de la Nación sustenta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca las pruebas de la acción popular con la que busca la regulación de los precios de los medicamentos.

A la audiencia, que se adelanta a través de la plataforma de Microsoft Teams, fueron citados los representantes de los ministerios de Salud y Protección Social, y de Comercio, Industria y Turismo, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, las asociaciones Colombiana de Sociedades Científicas y Médica Sindical y la Federación Médica Colombiana.

Durante la diligencia la Procuraduría hace exposición una exposición detallada de las evidencias que a su juicio sustentan la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, como consecuencia de las deficiencias existentes en el sistema de control de precios de medicamentos.

Para la Procuraduría es indispensable proteger los intereses colectivos que estarían siendo amenazados o vulnerados por las presuntas omisiones en el ejercicio de las funciones de regulación y supervisión por parte de las entidades públicas competentes, frente a los procesos de producción, importación, comercialización y venta de medicamentos, en el país.

Así mismo, que se expida, de forma inmediata, una nueva Política Farmacéutica Nacional que permita controlar los valores de los medicamentos en todos los niveles, sancionar efectivamente a las EPS, distribuidores, comercializadores, IPS privadas, y hospitales públicos que infrinjan las normas establecidas.

Por último, y no menos importante, que se garantice que quienes se han enriquecido vendiendo y comprando medicamentos con sobreprecios, devuelvan al Estado los recursos públicos sustraídos.