La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión del Juez 98 de Instrucción Penal Militar de decretar la prescripción de un proceso adelantado contra 15 militares, por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres miembros de la comunidad indígena Wayuu, en la ranchería Atnamana, jurisdicción de Maicao.

El Procurador 265 Judicial Penal de San Juan del Cesar, La Guajira, en desarrollo de su función de intervención, precisó que el hecho, ocurrido el 16 de mayo de 2000, podría llegar a calificarse como un homicidio en persona protegida o inclusive en un crimen de lesa humanidad, razón por la cual la conducta sería imprescriptible, es decir no habría un límite de tiempo para adelantar y culminar la investigación.

El órgano de control recordó, además, que el proceso avanzó en sus etapas preliminares durante los primeros cinco años, pero diez años después fue reportado como perdido. Finalmente, el despacho judicial tardó otros cinco años en reconstruir solo una parte, por lo que transcurrieron 20 años sin que se adoptara una decisión de fondo sobre los posibles involucrados.

Esa situación ocasionó que se venciera el plazo fijado por la normatividad legal para resolver un caso, que es precisamente de 20 años, por lo que resulta desproporcionado decretar la prescripción, sin que al menos se hubiese abierto formalmente la investigación.

La Procuraduría indicó que a pesar de la dificultad para rehacer en su totalidad lo actuado, el juez “pudo lograr primigeniamente la identidad de los militares que presuntamente participaron, así como la determinación del lugar y fecha de los hechos”, en los que murieron Juvenal y Andrés Pushaina y Alejandro González.

A juicio del Ministerio Público, “las actuaciones de la Justicia Penal Militar en este caso, han puesto en peligro las más básicas garantías de acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de estos hechos, constituyéndose en un atentado contra los derechos humanos”.

El órgano de control pidió, además, que se estudie la competencia de la Justicia Penal Militar, y si se remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.

También solicitó que se adopten las acciones disciplinarias o penales que se consideren pertinentes para determinar los responsables de las irregularidades y demoras presentadas en este caso.

Finalmente, requirió que se asegure el derecho a la información y el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, para que conozcan las determinaciones que se adopten durante la investigación.