La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, un informe detallado de los recursos destinados por el Sistema General de Participación para los resguardos indígenas, ubicados en jurisdicción de la capital de La Guajira.

En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Regional de La Guajira requirió, además, información sobre los proyectos de inversión ejecutados en los resguardos por la administración municipal durante los años 2020 y 2021, así como los programados para implementar en la vigencia 2022.

El requerimiento fue realizado como parte de las acciones de seguimiento a la orden de la Corte Constitucional, contenida en la sentencia T-302 de 2017, que busca proteger los derechos fundamentales a la salud, al agua y a la alimentación de los niños y niñas del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira.

Igualmente, el Ministerio Público busca verificar una presunta intromisión del alcalde Bermúdez Cotes en las decisiones de las comunidades indígenas relacionadas con el uso de esos recursos, que deben concertarse en virtud de la autonomía, gobernabilidad y libre determinación de los pueblos étnicos.