La Procuraduría General de la Nación pudo evidenciar que la alimentación de más de 1.4 millones de estudiantes del país estaría en riesgo como consecuencia de los retrasos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y la reducción de la cobertura en los contratos suscritos.

Ante esta situación, el Ministerio Público, mediante la Resolución 092 del 12 de marzo de 2021, reactivó el Comité Especial para el Programa de Alimentación Escolar (CEPAE), que trabajará en la articulación de las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención con el fin de garantizar los derechos constitucionales a la educación y la alimentación equilibrada de los niños, niñas y adolescentes.

Como parte de las acciones de vigilancia preventiva al PAE, el órgano de control creó un índice multidimensional sobre vulneración del derecho a la educación en la infancia y la adolescencia para identificar las entidades territoriales con mayores problemáticas relacionadas con las bajas tasas de cobertura en educación, el ausentismo escolar, la deserción, la reprobación, la inasistencia, la mortalidad por desnutrición y los bajos puntajes en las pruebas saber.

Con base en los resultados arrojados por este índice la Procuraduría elaboró una metodología para la vigilancia preventiva al programa, la cual será inicialmente implementada en diez municipios mediante un trabajo articulado con las procuradurías regionales, distritales y provinciales para que, desde el territorio, se garantice la seguridad alimentaria y nutricional a sus beneficiarios así como el cabal cumplimiento de los objetivos previstos por este programa.