La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP adoptar las medidas de reserva necesarias para brindar protección efectiva de los datos de las víctimas de violencia sexual, evitando suministrar su identidad de manera directa o indirecta a quienes participan en el proceso.

Durante la rendición de cuentas de su administración, la Procuradora Margarita Cabello Blanco, explicó que el requerimiento se hizo tras evidenciar que esa magistratura había definido en autos de participación, que la identidad de las víctimas debía ser compartida con los comparecientes específicos llamados ante la Jurisdicción para dar cuenta del hecho victimizante contra las personas que los señalaron como responsables, directos o por mando, y con sus abogados.

De otra parte, frente a la decisión de la magistratura de ordenar que la participación de las víctimas en las versiones voluntarias se realice mediante apoderados y a través de solicitud escrita en la cual manifiesten su intención de ser observadoras o intervinientes, la Procuraduría consideró que dichas pautas restringen su centralidad y derecho a la participación, por lo que solicitó que no fueran limitados sus derechos.

El Ministerio Público también instó a que se garantice el cumplimiento de la estrategia de acreditación, divulgación y pedagogía en todo el territorio nacional más allá del 31 de diciembre de 2024, fecha que había puesto como límite la JEP. Lo anterior debido a que este periodo no resultara suficiente para garantizar que la JEP y los demás entes del Estado lleguen a cada una de las víctimas, impidiendo la materialización de su derecho a la participación en una conducta que históricamente ha sido invisibilizada.