Ante la inminente lluvia de demandas que generaría la congelación en los reajustes de las tarifas de peajes, a cargo del Instituto Nacional de Vías- Invías- y de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI-, la Procuraduría prendió las alarmas y expresó su preocupación ante los muchos proyectos de infraestructura de transporte que podrían ponerse en riesgo, generando una inseguridad en el mercado financiero que permite la sostenibilidad de los proyectos viales de 4G y 5G.

En mesa de seguimiento, con la participación del Invías, ANI y MinTransporte, así como el acompañamiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Min Hacienda y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, se expusieron los mecanismos para el reconocimiento de los ajustes de tarifas de peajes y la posible planeación y estimación de partidas presupuestales necesarias para garantizar los servicios relacionados con la infraestructura vial del país.

Entre los riesgos detectados se encuentran el enorme déficit de aproximadamente 900 mil millones de pesos que se dejaron de percibir por concepto de recaudo de peajes en el año 2023, lo que puede desencadenar una inminente lluvia de demandas en contra del Estado por el incumplimiento en los compromisos contractuales y la ausencia de confianza en el mercado de la infraestructura, afectando las finanzas de todos los colombianos.

Frente a ello, el ente de control citó a los intervinientes de la situación e indagó por el plan para mitigar cada uno de los riesgos que ya se vienen presentado y que podrían derivar en el colapso de los proyectos de infraestructura vial del país.

En su actuación preventiva, el Ministerio Público exhortó a las entidades a trabajar en conjunto para dar celeridad en la ejecución del plan de choque y anunció que continuará velando por las garantías para el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitar un detrimento patrimonial que afecte a todos los ciudadanos, enviando un mensaje de seguridad jurídica y financiera.