La Procuraduría General de la Nación urgió por la protección de los derechos de los campesinos en Colombia como sujetos de especial protección constitucional, y anunció su mediación para que el llamado de las organizaciones campesinas sea tenido en cuenta para la adopción de medidas urgentes que permitan hacer frente a la emergencia sanitaria originada por el covid-19.

El Ministerio Público, en respuesta a la carta enviada por más de 50 organizaciones campesinas, ratificó su preocupación por la necesidad de protección de los líderes y lideresas los líderes y lideresas de la ruralidad, la recuperación y el fortalecimiento del sistema público de salud en el campo, la necesidad de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral.

Así mismo, manifestó la necesidad de que se ejecute las políticas públicas de la mujer rural, para la Economía Campesina Familiar y Comunitaria, y la protección de las fuentes de agua.

Coincidió la Procuraduría con las organizaciones campesinas sobre la urgencia de redoblar esfuerzos para garantizar sus derechos, como lo ha solicitado a través de las directivas 007 de 2019, 004 de 2020 y la Circular Conjunta 021 de 2019 del Procurador General Fernando Carrillo, y el Memorando 005 de 2020 de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

El órgano de control reafirmó su compromiso con todos los campesinos colombianos, como sujetos de especial protección constitucional, y anunció seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades encargadas de garantizar sus derechos.