La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que exhorte al Gobierno nacional a aplicar un enfoque diferencial en los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, para que las ayudas contempladas en esas iniciativas lleguen efectivamente a los miembros de las comunidades étnicas inscritos.

En concepto al alto tribunal sobre el Decreto Legislativo 659, a través del cual se dispuso el giro de subsidios a los beneficiarios de los programas durante la emergencia sanitaria por la covid-19, el Ministerio Público señaló que “se hace imperativa la aplicación de un enfoque diferencial que permita la caracterización de los beneficiarios y la identificación de sus necesidades especiales en materia de inscripción y entrega de ayudas”.

Para el órgano de control el avance de la pandemia ha demostrado que las comunidades étnicas requieren una focalización especial porque hay elementos que las hacen más vulnerables, como sus altos niveles de pobreza y las barreras geográficas que dificultan su inscripción en los programas sociales y su acceso a las ayudas.

En el concepto, el Ministerio Público señaló que el Decreto 659 se ajusta a la Constitución, al reforzar la garantía de derechos a una vida digna y al mínimo vital de las personas más vulnerables, que por efecto de la pandemia han visto comprometidos los ingresos mínimos derivados de sus actividades comerciales y laborales.

El órgano de control precisó que la norma no es excluyente ni discriminatoria con las personas que no pertenecen a esos programas sociales, pues las transferencias están dirigidas a “grupos poblacionales que, acorde con las bases de información del Estado, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, requiriendo con mayor necesidad de la ayuda”.