La Procuraduría General de la Nación participó en una audiencia pública convocada por el Tribunal de Cundinamarca, en el marco de una acción de cumplimiento relacionada con el pago de subsidios para los servicios de energía y gas destinados a usuarios de los estratos 1, 2 y 3, así como a habitantes de zonas rurales.

En este espacio, el Ministerio Público hizo un llamado urgente a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas que eviten una crisis en la prestación de estos servicios fundamentales para los ciudadanos más necesitados.
«Es fundamental que se garantice la disponibilidad de recursos para cubrir los subsidios a los servicios públicos esenciales, actuando con rapidez y coordinación. La falta de estos recursos podría generar una crisis financiera en el sector, afectando la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables», señaló la Procuraduría en su intervención.

Así mismo, se refirió a la creciente deuda con el sector energético, citando que según la Contraloría y el Comité Intergremial, alcanzó $2,7 billones al cierre de 2024 y continúa en aumento durante 2025. Esta situación amenaza la continuidad de la prestación del servicio para millones de colombianos y podría generar alzas tarifarias de hasta el 150 % o incluso la suspensión del servicio.

Además, recalcó la necesidad urgente de coordinación entre los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía para garantizar los recursos y realizar los giros correspondientes dado que, según datos oficiales, la deuda reconocida con empresas comercializadoras ya supera $1,9 billones.

Finalmente, como medida para asegurar transparencia, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios recomendó al Tribunal solicitar un reporte detallado de pagos y valores pendientes.