Ante posibles irregularidades presentadas en los procesos de selección para cargos públicos en una convocatoria del año 2020, la Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas y puso la lupa sobre la escuela de Administración Pública- Esap- entidad encargada de la operatividad de esas evaluaciones.

Los hechos que activaron la función del Ministerio Público toman relevancia ya que son cerca de 47 mil colombianos que, en el marco del proceso de meritocracia, aprobaron los exámenes y que, al parecer, por errores en los resultados de las calificaciones ahora se encuentran en el limbo.

Ante la preocupante situación, la PGN demandó explicaciones a la ESAP en las que admitieron posibles fallas técnicas y administrativas, razones suficientes que llevaron a compulsar copias ante el operador disciplinario.

Los concursantes aspiraban llenar 3.500 vacantes del Estado en 400 municipios de quinta y sexta categoría en cargos asistenciales como conductores y secretarias; y profesionales como abogados, administradores y economistas, entre otros.

Ante esta situación, las demandas no se hicieron esperar y en los estrados judiciales ya cursan 4 tutelas de participantes reclamando sus derechos.

Así las cosas, la Procuraduría tras exigir a la Esap establecer un cronograma en el que se fije la publicación de la lista de elegibles en un plazo máximo a octubre de 2023, le advirtió que continuará cumpliendo con la vigilancia preventiva para que el mérito sea la regla para llegar a cargos del Estado del orden nacional y territorial.