La Procuraduría General de la Nación, para garantizar el derecho fundamental a la participación y la transparencia del proceso electoral, emitió la Directiva 002-23 con las instrucciones para ejercer la vigilancia preventiva al proceso de actualización de residencia electoral (inscripción de cédulas), en las elecciones de autoridades locales y regionales.

La directiva busca que los procuradores y personeros, en coordinación con los comités territoriales de control electoral, ejerzan las respectivas funciones de control y vigilancia, y que las autoridades electorales, por su parte, dispongan de la logística necesaria para garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho a la inscripción de cédulas.

También requerirán, cuando la inscripción sea sistematizada, el protocolo o procedimiento utilizado para, posteriormente, realizar la vigilancia sobre los datos consignados en el sistema de información que implemente la Registraduría Nacional del Estado Civil y, a su vez, garantizarán que los registradores (municipales, especiales, auxiliares y distritales) faciliten la consulta a la ciudadanía sobre la relación de los ciudadanos inscritos, con el fin de presentar la respectiva queja a que haya lugar.

La Procuraduría recuerda que la información obtenida en los controles e intervenciones sobre las actualizaciones de residencia electoral, buscan evitar la transgresión del artículo 316 de la Constitución Política, así como garantizarles a los ciudadanos el derecho que les otorga la ley para inscribirse, cuando cambien su residencia.

Dentro de las recomendaciones también está el informar al Consejo Nacional Electoral sobre el aumento inusitado del porcentaje de inscripción, así como la transgresión de las restricciones del artículo 316 de la Constitución Política durante el proceso de inscripción de cédulas. Igualmente, proceder ante las demás autoridades cuando se presenten otro tipo de situaciones que atenten contra los principios de participación y transparencia.