La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expidió una nueva directiva que exhorta a todos los mandatarios a nivel nacional, a poner en marcha el Sistema Nacional de las Juventudes, fortaleciendo los espacios de participación e interlocución para que las y los jóvenes desarrollen iniciativas de incidencia en sus territorios, como actores fundamentales en las transformaciones del país.

En la nueva directiva expedida por el ente de control, la jefe del Ministerio Público solicita a los alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadoras que, expidan o renueven la Política Pública de Juventud de sus territorios en corto plazo, destinen una oficina para atender a esta población, presenten un informe anual sobre los avances, ejecución presupuestal y cumplimiento de esta política, así como el apoyo a la celebración de las asambleas de juventud en sus territorios convocadas por los Consejos de Juventud, la conformación de las Comisiones de Concertación y Decisión, entre otros.

En ese sentido, la Directiva 005 de 2023 solicitó a la Consejería Presidencial para la Juventud – Colombia Joven – a que, en el marco de sus funciones, formule la Política Pública Nacional de Juventud, incluyéndola en el Plan Nacional de Desarrollo y garantizando la participación de las y los jóvenes en su diseño e implementación, atendiendo criterios diferenciales y contextos del territorio nacional.

La solicitud al Gobierno Nacional también incluyó la obligación de realizar anualmente la sesión del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud, la asistencia técnica a las entidades territoriales y la conmemoración de la Semana de la Juventud, teniendo en cuenta que el 12 de agosto es el Día Internacional. La reiteración de la consolidación de una audiencia pública de rendición de cuentas de carácter obligatorio sobre la inclusión de los y las jóvenes y sobre los avances de la Política Pública Nacional de juventud, la cual debe presidir el Presidente de la República igualmente se refiere en la directiva.

Asimismo, la normativa expedida requirió a todas las plataformas y a los Consejos de Juventud del país a articularse con el Ministerio Público, para el seguimiento al funcionamiento de los espacios de participación e interlocución de las juventudes.

Finalmente, el ente de control referenció que las procuradurías delegadas que conforman el Comité de Seguimiento al Estatuto de Ciudadanía Juvenil realizarán la vigilancia del cumplimiento de la directiva, reiterando a los servidores públicos destinatarios que el incumplimiento a los deberes constituye una posible falta disciplinaria y puede dar lugar a las sanciones previstas en la ley.