La Procuraduría General de la Nación pasó al tablero a directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, a rendir un balance del cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena atención especial para los niños wayúu en La Guajira.

Para el Ministerio Público es preocupante que los contratos para dar continuidad a los programas de primera infancia en los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao, avancen a paso lento, razones que llevaron al ente de control a urgir al Icbf para que tenga celeridad y garantice la atención a por lo menos 102 mil niños indígenas.

Durante la reunión, las directivas del Icbf informaron que la cobertura de atención a comunidades, pasó de 2.576, en 2024, a 3 mil en lo corrido del 2025; así mismo, aumentó la cobertura a 9.551 familias más.

Explicaron los funcionarios que la contratación de los servicios para implementar los programas de alimentación, también sufren retrasos debido a los procesos de selección que son dispendiosos, ya que se debe identificar a las organizaciones de base indígenas con capacidad jurídica, financiera y técnica. Además de esto se deben identificar las zonas de atención y contar con autorización de las comunidades para la prestación del servicio de las organizaciones postuladas en las invitaciones.

Sin embargo, las observaciones hechas por la Procuraduría en mesas de trabajo pasadas, ya permitieron algunos avances pues, de 144 invitaciones a participar en estos contratos, 90 ya fueron suscritos, es decir, un 63 % de la convocatoria.

Al final del encuentro, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Samuel Arrieta, instó a las directivas del Icbf a no desfallecer ni escatimar esfuerzos por garantizar y mejorar la calidad en la prestación del servicio del Programa de Primera Infancia para los niños wayúu de La Guajira, tal como lo ordena la Corte Constitucional en la sentencia T-302 de 2017.