En visita a las cárceles y centros de reclusión de Valledupar, la Comisión Extraordinaria enviada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y liderada por el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, encontró niveles de hacinamiento que superan el 900 %, serios problemas de salud entre la Población Privada de la Libertad y fallas estructurales en las instalaciones que requieren intervención urgente.

El caso de hacinamiento más grave se encontró en la estación de Policía “La Permanente” donde se encuentran privadas de la libertad 558 personas en un espacio con capacidad para 60, para un hacinamiento del 930 %, que impacta seriamente las condiciones de vida y salud de las personas. Allí se presentan graves vulneraciones a los derechos humanos y hay un brote de tuberculosis.

En la cárcel judicial del municipio, se pudo determinar que es una construcción con 52 años, cuya infraestructura requiere intervenciones inmediatas. Cuenta con capacidad para 256 PPL y en el momento hay 612 internos, 228 son condenados y 384 sindicados, un hacinamiento de 245 %.

En el Centro Penitenciario de Alta y Media Seguridad, conocido como Cárcel “la Tramacúa” hay 1.498 personas detenidas, la sobrepoblación asciende al 3,2 %, allí el equipo de la Procuraduría pudo establecer que se requieren mejoras locativas y en las áreas de preparación de los alimentos y en uno de los pabellones, con capacidad para 160 personas, donde a la fecha solo hay 15 personas debido a la necesidad de realizar reparaciones estructurales.

Finalmente, en recorrido por la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la ciudad, se evidenció que hay 60 personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, en un espacio adecuado apenas para 15 personas, lo que significa hacinamiento de 300 %.

El recorrido fue acompañado por los directores del Inpec y la USPEC; el Director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia; el Defensor Delegado para la Política Criminal Carcelaria, el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar; los Procuradores Regional de Cesar y Provincial de Valledupar; el Defensor Regional del Cesar; el Personero de Valledupar y el Secretario de Gobierno del municipio, quienes también participan en la mesa de trabajo para definir medidas de atención y compromisos urgentes frente a la situación.