La Procuraduría General de la Nación les solicitó a los alcaldes garantizar la prestación del servicio esencial de bomberos en el marco de la declaratoria de Situación de Desastre Nacional, establecida mediante Decreto 1372 de 2024.

La Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, reiteró que se deben formular e implementar las acciones necesarias en materia de mitigación del riesgo y manejo de desastres, así como la ejecución de las funciones propias de la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.

En la Circular 006 de 2025, el ente de control destacó la emisión de alertas relacionadas con la desfinanciación y falta de continuidad en la prestación del servicio de bomberos en especial en los municipios de quinta y sexta categoría, debido a omisiones y falencias en los procesos de negociación y suscripción de contratos y/o convenios para la prestación de este servicio esencial por parte de los cuerpos de bomberos voluntarios.

Destacó que estos procesos, en el mejor de los casos, se están adelantando durante los dos primeros meses del año, “lo que ocasiona discontinuidad en el servicio e incremento en la vulnerabilidad de las personas, el medio ambiente y los bienes frente a las consecuencias de fenómenos naturales o antrópicos no intencionales”.

La Procuraduría agregó que este contexto se agrava por la actual situación de desastre nacional, establecida mediante el Decreto 1372 de 2024, y que se confirma con las alertas emitidas desde los organismos técnicos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como lo son el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Dirección General marítima (DIMAR) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En el documento enviado a alcaldes, gobernadores y otras entidades públicas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se recordó la obligación de garantizar, en el marco de sus competencias, la gestión del riesgo contra incendios y la atención de emergencias, asegurando la financiación y continuidad del servicio para la vigencia 2025.