La Procuraduría General de la Nación advirtió a entidades ejecutoras de proyectos financiados con regalías (alcaldías y gobernaciones), a los órganos colegiados, Ocad, Departamento de Planeación Nacional y Ministerio de Hacienda, que hay 165 proyectos financiados con regalías, aprobados entre enero y julio de 2022, aún sin contratar y cuyos recursos asignados ($ 654 mil millones) podrían ser liberados.

En una comunicación firmada por el procurador delegado para Seguimiento a Regalías, John Harvey Pinzón, el Ministerio Público asegura que una vez revisados los registros del Sistema Nacional de Regalías, ninguno de estos proyectos registra fecha de apertura del proceso de selección del contratista ni solicitud de prórroga del término para contratar.

Para la Procuraduría preocupa que, una vez vencido el plazo de seis meses que otorga la ley para haber cumplido con alguno de estos requisitos, el presupuesto asignado quedará automáticamente liberado para ser asignado a otros propósitos, lo que podría acarrear consecuencias legales.

“El incumplimiento de las obligaciones descritas está sujeto al control administrativo, fiscal, disciplinario y penal, para lo cual el Departamento Nacional de Planeación reportara periódicamente a los organismos de control”, asegura el delegado Pinzón en su carta.

Frente a este panorama, la Procuraduría solicitó a las entidades ejecutoras que, antes del vencimiento de los seis meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación, expidan el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección, el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados o, en su defecto, soliciten la prórroga del plazo en mención.

También que, de no poder acatar ninguna de estas condiciones, den cumplimiento al proceso de liberación automática de los recursos estipulado por la ley.

Finalmente advirtió que las entidades deben suministrar de forma veraz, oportuna e idónea la información sobre la gestión del proyecto de inversión en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, y al DNP que debe reportar periódicamente a la Procuraduría sobre estos incumplimientos.