La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional por tres meses ordenada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, proferida el pasado 24 de enero de 2024 por la Sala de Instrucción Disciplinaria, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

El Ente de control sostuvo que la decisión inicial fue adoptada legalmente, conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala; así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa.

Así mismo, señaló que la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, no vulneró los derechos y las garantías del disciplinable, en tanto se limitó a anunciar que se formularon cargos, sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad, y confirmar que no se hicieron comentarios o emitieron calificativos sobre el caso específico.

Nueva investigación contra el canciller

El Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes.

En el mismo sentido, el organismo de control sostuvo que investigará el supuesto incumplimiento de Leyva Durán del que informaron varios medios de comunicación del país, y en el que se alude su continuidad en el cargo y su decisión de solo apartarse del mismo una vez el presidente nombre su reemplazo.

La Entidad solicitó pruebas con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos enunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Finalmente, la Procuraduría compulsó copias de la actuación disciplinaria a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el posible comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada por esa entidad.