La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la entonces secretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Ana María Castaño Álvarez, por un contrato de suministro, cercano a los $ 10 mil millones.

Los cuestionados hechos están relacionados con el bilateral celebrado por este organismo para la adquisición de kits de uniformes compuestos por prendas como gorras, chalecos, camibusos tipo polos y otros para los 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la Ungrd a nivel nacional.

De acuerdo con información publicada por un medio de comunicación, al referirse a los pliegos de condiciones, señaló que “cada kit tendrá un costo de $ 1’507.533 por persona, lo que demandará una inversión de $ 9.999.466.389”.

La Procuraduría solicitó documentación de las etapas pre y contractual lo que incluye las propuestas presentadas por los oferentes, las evaluaciones realizadas a estas con el fin de establecer si en esta contratación se presentaron sobrecostos.

Así, el Ministerio Público avanza en la investigación con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.