La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que presente una estrategia contundente, que permita garantizar a los colombianos una jornada electoral, el próximo 29 de octubre, libre y transparente.

En la versión XI del foro «Avances del proceso electoral», en la ciudad de Florencia, Caquetá, aseguró que este «no es momento para improvisar» en los temas relacionados con el orden público, ni de hacer anuncios con «fervor político», porque «lo que está en juego es la democracia, el derecho a elegir y ser elegido, libremente y con todas las garantías».

La jefe del Ministerio Público destacó, que de acuerdo con la cuarta versión del Mapa de Percepción de Riesgo socializado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional, hay 43 municipios que requieren atención prioritaria, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

La Procuradora le solicitó en la recta final de estas elecciones, a toda la institucionalidad, a los partidos, candidatos, campañas y ciudadanía, «respetar y hacer respetar las reglas. Los servidores públicos para serlo, debemos jurar cumplir la Constitución y la Ley, mismas que fijan competencias, límites y marco de acción».

Reiteró que, la presencia masiva de la Procuraduría y la Organización Electoral «son muestras del interés y la importancia de los territorios en nuestro accionar. Estamos acá porque cada ciudadano y ciudadana importa, porque todos los territorios importan, y porque debemos dejar un mensaje claro de que el monopolio de la fuerza corresponde al Estado».

En el balance presentado sobre la vigilancia y control electoral, Cabello Blanco aseguró que la financiación de las campañas políticas, la propaganda electoral y su fijación en sitios prohibidos o no autorizados, y el fenómeno histórico de la inscripción irregular de cédulas (trashumancia electoral), han sido algunos de los grandes retos en este proceso.

Finalmente, recordó que la facultad de la Procuraduría para indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso a los de elección popular, sigue vigente, por el bien del país, de la democracia y del derecho de participación ciudadana. «Hemos hecho uso de ella para poner orden en la contienda, por supuesto, respetando el ordenamiento jurídico», concluyó.