La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, instó a alcaldes municipales y distritales a garantizar la gestión integral del riesgo contra incendios y atención a emergencias durante todo el año, y apropiar los recursos suficientes para la prestación eficiente e ininterrumpida del servicio de bomberos.

A través de la Directiva 005 de 2021, la jefa del Ministerio Público pidió a los mandatarios formular o actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, las estrategias de respuesta a emergencias y los planes de contingencia, para asegurar su financiación y seguimiento por parte de las autoridades territoriales e instancias del SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres).

Así mismo, recomendó a los alcaldes gestionar los contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios y transferir de manera oportuna los recursos de acuerdo a las condiciones de cada negocio jurídico.

Adicionalmente, por medio del Memorando 001 de 2021 el ente de control hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales a tomar medidas para prevenir, mitigar, atender y dar solución efectiva a los incendios forestales, que se han convertido en uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta el país en el primer trimestre del año.

En el memorando, dirigido a la UGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa, Interior, Justicia, y Agricultura y Desarrollo Rural; al Ejército, la Policía Nacional, los gobernadores, alcaldes municipales y distritales, a las corporaciones autónomas regionales, y a Parques Nacionales de Colombia, la Procuraduría requirió acciones que permitan proteger los recursos naturales.

El órgano de control pidió implementar medidas de prevención, atención y recuperación de desastres, establecer estrategias de almacenamientos de agua, protección de reservorios, así como buscar sistemas alternativos de abastecimiento, y poner en marcha acciones interinstitucionales para prevenir y mitigar las actividades ilegales como la deforestación, la caza, la quema para renovación de cultivos, la ocupación de predios y la expansión de la frontera agrícola.