En ejercicio de su función constitucional de velar por el cumplimiento de la ley y la garantía de los derechos fundamentales, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, alertó sobre las inconsistencias legales de la Resolución No. 453 del 8 de noviembre de 2024, mediante la cual el Gobierno nacional designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz.

La Procuraduría advierte que esta decisión podría vulnerar los derechos de las víctimas del conflicto armado y, además, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 2272 de 2022.

De acuerdo con las observaciones principales de la Procuradora, están la falta de claridad en cuanto al tipo de negociación o acercamiento: La resolución no precisa bajo qué supuesto del artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 (negociaciones con grupos armados al margen de la ley para suscribir acuerdos de paz o para sometimiento a la justicia) se realizó la designación, generando incertidumbre jurídica sobre su validez.

Asimismo, la ilegitimidad de los gestores designados: Los designados no cumplen con las condiciones legales para representar a actores armados actuales. Además, no existe evidencia de que estos individuos hayan sido aceptados por dichos grupos. No son ni voceros ni miembros representantes.

Por ello, la Procuradora Cabello, llamó al Gobierno nacional a reevaluar esta medida: “La paz debe construirse sobre cimientos sólidos, respetando la dignidad de las víctimas y actuando siempre dentro del marco legal. Esta resolución, tal como está, no garantiza esos principios fundamentales”.

La Procuraduría anunció que hace seguimiento estricto a las cuatro demandas de nulidad contra la Resolución 453 de 2024, que cursan ante el Consejo de Estado y mantendrá una línea de intervención firme en favor de los derechos de las víctimas.