La Procuradora Margarita Cabello Blanco, en seguimiento a la Alerta No. 30 de 2023 de la Defensoría del Pueblo, advirtió que se tiene identificado como principal factor de amenaza de riesgo al proceso electoral, “la expansión y fortalecimiento de Grupos Armados Ilegales (GAI) con capacidad de control territorial y social”.

La jefe del Ministerio Público señaló, que este factor “ha incrementado la violencia y, por ende, viene incidiendo sobre el orden público y la convivencia ciudadana”. Destacó que, la Procuraduría realizará vigilancia permanente para que “el Ministerio del Interior, como entidad concernida, en coordinación con el Ministerio de Defensa, realice cada una de las actividades recomendadas en la alerta”.

En la primera sesión de seguimiento a dicha alerta, añadió que los ciudadanos “cuentan con una Procuraduría comprometida, en primer lugar, con prevenir cualquier riesgo y, por otro, presta a realizar las actuaciones disciplinarias a las que haya lugar con el fin de lograr unas elecciones completamente transparentes”.

La Procuradora hizo un llamado para que se siga trabajando articuladamente para asegurar el cumplimiento de las garantías electorales y, en consecuencia, se pueda robustecer aún más la democracia colombiana. “Es importante atender las alertas tempranas y consolidar el trabajo de cara a la ciudadanía, llevándoles resultados contundentes que permitan el buen desarrollo de las elecciones”.

En este espacio preventivo, Cabello Blanco recalcó que la Procuraduría ha estado en conversación con distintos actores del proceso para realizar seguimiento y generar alertas sobre la situación en todo el país. “Hemos estado en diálogo permanente con las personerías municipales y distritales; asistimos a las sesiones de la Comisión Nacional para el Seguimiento al Cumplimiento de las Garantías Electorales y de las subcomisiones de Orden Público, de Riesgos del Proceso Electoral, de Financiación de Campañas, de Indebida Participación en Política, y de Protección”.

Finalmente, recordó que, junto con la Defensoría del Pueblo, se creó la Comisión Nacional del Ministerio Público para el Seguimiento a la Respuesta Rápida de las Alertas Tempranas. “Al respecto, se ha dispuesto un plan de acción en el nivel territorial, siendo uno de los principales criterios la población objeto, compuesto por niños, niñas y adolescentes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, y personas en proceso de reincorporación”, concluyó.