Un altísimo porcentaje de los 5 billones de pesos que el Gobierno Nacional destinó para el sector de salud durante marzo de este año sí están llegando a los prestadores de servicios del país.

Así lo reveló hoy la Superintendencia a través del primer informe sobre flujo de recursos de las EPS. Informe al cual se comprometió el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel, durante una citación de control político en la Comisión VII del Senado, convocada para verificar el uso que se le ha dado a los recursos en el sistema de salud en época de pandemia y la implementación de los controles para la entrega de equipos de bioseguridad al personal de salud.

El informe corresponde al análisis sobre el destino de los dineros girados por las entidades responsables de pagos de salud del mes de marzo de 2020, el cual muestra que los recursos fueron utilizados principalmente para cubrir obligaciones con la red de servicios y proveedores.

Precisamente, al revisar los reportes de información que han hecho 35 EPS se observa que durante este periodo les han ingresado $ 5,1 billones correspondientes a ingresos corrientes y anticipos de presupuestos máximos que les ha hecho el Gobierno Nacional a través de la Adres.

Según el informe preliminar de la Supersalud, las EPS destinaron $ 1 billón para inversiones, $ 1.300 millones para su caja corriente y pagaron un total de $ 4,1 billones. De esta última suma, el 60 % fue para IPS privadas o mixtas, el 17 % para IPS públicas y el 23% se destinaron a otros proveedores, incluidos los profesionales independientes, los prestadores con objeto social diferente, transporte especial de pacientes, proveedores de insumos y medicamento, así como el gasto administrativo.

El máximo órgano de control del sector salud también caracterizó la distribución de los recursos que recibieron las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud – IPS ($ 3.1 billones), identificando que de estos el 30 % corresponden a IPS habilitadas en diferentes departamentos, el 12.5 % se destinan a IPS que se encuentran habilitadas en Bogotá, seguida por Antioquia (10.9 %) y Valle del Cauca (9 %), y el 37.6 % restante distribuido en los 30 departamentos restantes, esto debido a que el giro de los recursos están relacionados con la capacidad de infraestructura hospitalaria, donde hay mediana y alta complejidad que concentran la prestación de servicios de salud.