El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó una Directiva Presidencial en la que solicita a las entidades de la Rama Ejecutiva cumplir con la vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.

La directiva del mandatario está dirigida a ministros, ministras, directores, directoras de departamentos administrativos y representantes legales de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

En la Directiva, el jefe de Estado les recuerda a las entidades que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia potencia mundial de la vida”, contiene el Capítulo 7 denominado «Garantías hacia un mundo sin barreras para las personas con discapacidad», en el que se señala que se requiere estructurar una institucionalidad fuerte y direccionada a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Igualmente, se indica que esta iniciativa es una apuesta por la autonomía e independencia para combatir las barreras actitudinales, físicas y comunicativas que impone el entorno para esta población.

Por lo tanto, las entidades deben formular estrategias para lograr la participación significativa de las personas con discapacidad para su incorporación en las dinámicas políticas, culturales, económicas y sociales del país, en un contexto de igualdad y no discriminación.

En esa medida el primer mandatario solicita a las entidades cumplir con los porcentajes de vinculación de personas con discapacidad en el sector público de acuerdo con el tamaño total de la planta de personal de que trata el Decreto 1083 de 2015.

“En tal medida, deberán reportar al Departamento Administrativo de la Función Pública en el primer bimestre de cada año sobre el cumplimiento del porcentaje de vinculación de servidores con discapacidad a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)”, señala la Directiva.

En caso de que no se esté cumpliendo con la obligación del porcentaje de vinculación, se deberán adoptar las medidas necesarias para que las vacantes que se generen, en la medida de lo posible, sean provistas con personas con discapacidad que cumplan el perfil y los requisitos para el desempeño del empleo, con observancia al principio constitucional de mérito.

La directriz del primer mandatario concluye instando a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, los organismos de control y vigilancia y las entidades territoriales a adoptar las medidas de la directiva, u otras que contribuyan a garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en el sector público.

Al 30 de junio de este 2023, según cifras de Función Pública, en el Estado laboran 13.443 personas con discapacidad, de las cuales 11.405 son servidores públicos de entidades nacionales y territoriales.