Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación funcionarios del Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá acogieron la propuesta de trabajar en un decreto legislativo, que permita a los entes territoriales y a la capital del país aplicar medidas urgentes para afrontar la crisis por el hacinamiento de personas privadas de la libertad, en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

El decreto, que está sujeto a las facultades de excepción del Presidente de la República, busca facilitar a los gobiernos locales la adquisición de predios, instalar zonas de detención transitoria y vincular personal de custodia, entre otras medidas de emergencia, que impidan la propagación de la pandemia por covid-19 en esos lugares.

La aceptación de la propuesta se dio luego de un proceso de intervenciones que la Procuraduría viene adelantando con el Gobierno Nacional, para acercar a las partes y garantizar los derechos de los ciudadanos que se encuentran en los centros de detención transitoria del país. La garantía de los derechos impone la necesidad de una coordinación estrecha y la colaboración entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales.

El Ministerio Público convocará para el próximo sábado una reunión de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos y el avance en la elaboración del decreto legislativo.