La Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) información sobre el cumplimiento del protocolo que garantiza la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y cultural que afecten sus territorios.

De acuerdo con la normativa vigente, dicho protocolo debía ser formulado en un plazo de 12 meses contados a partir de la expedición del decreto en el año 2023, e incluir un proceso de consulta previa con el Espacio Nacional de Consulta Previa.

Por esta razón, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios solicitó al Ministerio informar si el protocolo ya fue formulado, consultado y adoptado, y en caso afirmativo, remitir copia de este.

Adicionalmente, si la obligación aún no ha sido cumplida, el Ministerio deberá explicar las razones del incumplimiento e indicar las acciones previstas para garantizar que las comunidades étnicas cuenten con este instrumento, esencial para asegurar su participación efectiva en decisiones que afecten sus territorios colectivos, ya sea que hayan sido adjudicados, estén en trámite, o sean ocupados ancestral o tradicionalmente.