La Procuraduría General de la Nación sostuvo que en la implementación del Acuerdo de Paz persiste la baja ejecución de recursos asociados a los compromisos en materia de género, así como se sigue registrando un alto riesgo para el ejercicio de los liderazgos de las defensoras de derechos humanos en los territorios.

Así lo señaló la Procuraduría en el Quinto Informe de Seguimiento al Acuerdo de Paz radicado ante el Congreso de la República, en el que se presentó un detallado análisis de los seis puntos que lo conforman, a partir de las respuestas compartidas por las distintas entidades encargadas de su implementación.

Indicó que en lo relacionado con el punto 1 del Acuerdo, que trata de la Reforma Rural Integral, solo se ha cumplido el 0,65 % de la meta de adjudicación que está planteada en tres millones de hectáreas; y el 44,9 % de los siete millones de hectáreas formalizadas a partir de la redefinición de las metas fijadas en el Acuerdo.

Igualmente, alertó por la falta de ejecución de proyectos por más de un billón de pesos del Presupuesto General de la Nación del año 2022, destinados a ese mismo punto del Acuerdo.

Sobre el avance físico de proyectos de inversión, el órgano de control señaló que existen 184 proyectos por 2,06 billones de pesos, y otros 109 por 1,4 billones de pesos, que presentan avances inferiores al 25 % y al 50 %, respectivamente, los cuales deben recibir un mayor impulso para lograr mayores avances en su ejecución.

También hizo un llamado de atención a los alcaldes salientes de los municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -Pdet-, para que antes de terminar sus mandatos presenten sus informes de rendición de cuentas sobre la implementación de las iniciativas contempladas en el plan.