La Contraloría General de la República presenta el informe financiero con corte al 31 de diciembre de 2024 sobre la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), revelando una profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso efectivo a los servicios para millones de colombianos.

La deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud asciende a $ 32,9 billones, lo que evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema. Adicionalmente, 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas.

De las 29 EPS activas, únicamente 6 cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas), pero tiene apenas un cubrimiento del 10,92% de los afiliados. El resto de la población afiliada (89,08 %) lo están en EPS que incumplen uno o más de estos requisitos.

Ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, han sido autorizadas 157 EPS; hoy solo operan 29, de las cuales solamente 6 cumplen con los requisitos habilitantes. Las liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, que deben asumir afiliados sin contar con capacidad operativa o financiera suficiente, profundizando la crisis.

Deudas con operadores farmacéuticos

Las EPS adeudan $ 2,8 billones a operadores farmacéuticos. Esta situación, no obstante, a que en la vigencia 2024 les fueran pagadas cerca del 90 % de la facturación (13.3 de 14.7 billones de pesos), ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de PQR.

La Nueva EPS —con más de 11.5 millones de afiliados— no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024 y registra patrimonio negativo. Su intervención no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país.