La Sala Reconocimiento de la JEP negó la solicitud de nulidad interpuesta por el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha a la imputación que se le hizo como uno de los máximos responsables de ‘falsos positivos’ cometidos por el batallón La Popa y, ante la falta de reconocimiento de su responsabilidad en los graves hechos, la Sala decidió remitir su caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

El exoficial había tramitado dicha solicitud argumentando que la JEP no tenía competencia para obligarlo a comparecer ya que prefería quedarse en la jurisdicción penal ordinaria. Ruiz Mahecha sostuvo que, una vez dicha jurisdicción resolviera la acción de revisión de una de las condenas en su contra, decidiría si se acogía o no a la JEP.

Sin embargo, la Sala reiteró que la JEP tiene competencia prevalente y preferente respecto de los miembros de la fuerza pública que están involucrados, dentro del conflicto armado, en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario como es el caso de Ruiz Mahecha, según se determinó en el auto 128 del 7 de julio de 2021. Además, el sometimiento de los integrantes de la fuerza pública es obligatorio y no voluntario.

En la misma decisión, y teniendo en cuenta que el coronel (r) no admitió su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, y el crimen de guerra de homicidio, la Sala decidió remitir su situación a la UIA en donde podrá enfrentar un juicio adversarial. De ser vencido en juicio podría ser condenado hasta con 20 años de cárcel.

Con él, ya son tres los exaltos oficiales del batallón La Popa que deberán enfrentar un juicio adversarial al no reconocer su responsabilidad por su liderazgo y participación en el plan criminal con el que se asesinaron y desaparecieron forzadamente a 127 personas que luego presentaron como resultados operacionales legítimos, entre enero de 2002 y julio de 2005. Los otros dos son los también coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez.

El pasado 10 de diciembre la JEP dio a conocer que 22 máximos responsables reconocieron su participación en falsos positivos ocurridos en Norte de Santander y en la Costa Caribe: El general (r) Paulino Coronado, y once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil reconocieron su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de, al menos, 120 personas en El Catatumbo y 127 en la Costa Caribe, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate.