Hace más de seis años que la Corte Constitucional, con la Sentencia T-302 de 2017, declaró el estado de cosas inconstitucional para que el pueblo Wayúu tenga una protección especial de varios de sus derechos fundamentales; sin embargo, la respuesta institucional no ha sido la esperada.

“En una visita que realizamos entre el 22 y 26 de abril pasado a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, observamos con preocupación que la situación relacionada con la vulneración de derechos de las niñas y los niños wayúus empeora por la falta de diligencia y actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El equipo de profesionales de la Defensoría evidenció que las y los menores de cinco años no están recibiendo los servicios de atención a la primera infancia del ICBF desde el 15 de diciembre del 2023. Son cerca de cinco meses sin recibir atención integral, incluido el complemento nutricional. Algunos de ellos tendrían desnutrición y bajo peso, motivo por el cual les fue activada de manera inmediata la ruta de atención.

“Niños wayúus entre cero y cinco años están siendo alimentados únicamente con chicha. Razón por la cual han perdido talla y peso. Esta situación es simple de verificar si se le solicita al Instituto el reporte de talla y peso de diciembre del 2023, y es comparado con el que genere al momento en que de nuevo inicie con la entrega de alimentación para ese grupo etario”, reclama Camargo Assis.

Lo anterior también evidencia que todo el esfuerzo institucional de recuperación nutricional, remarca el Defensor, “a través de los programas implementados por Bienestar Familiar, realizado en los años anteriores, se fue al traste, ya que fueron suspendidos los servicios sin implementar nuevos programas. Se perdió la continuidad”.