Durante el conflicto armado interno, las y los integrantes de las centrales sindicales del país fueron víctimas de una violencia sistemática. Así lo determinaron varias herramientas jurídicas, que permitieron una valoración de la Unidad para las Víctimas que anunció este lunes que se encargará de la inclusión del Movimiento Sindical Colombiano en el Registro Único de Víctimas (RUV) como sujeto colectivo, reconociendo que sus integrantes afrontaron vulneraciones a sus derechos individuales y colectivos.

El proceso de reparación se intentó realizar tres veces desde 2016, en cumplimiento del Decreto 624 de ese año que determinó la necesidad de compensar a las y los miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

En ese año, así como en 2018 y 2019, se adelantaron procesos que no fueron exitosos, y solo hasta la llegada del Gobierno actual, en el año 2022, fue posible materializarlo. Así es como desde el segundo semestre de 2022, la Unidad viene coordinando el proceso de reparación al Movimiento Sindical como un grupo social, bajo el precepto de que sus integrantes han consolidado una red que tiene como fin la defensa y garantía de los derechos humanos.

El Decreto 624 de 2016 y las sentencias T-388 de 2019 y T-015 de 2022 fueron las bases jurídicas para formalizar el proceso de reparación y la creación de la Mesa Permanente de Concertación para la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical.

Las vulneraciones identificadas constituyeron daños a las y los sindicalistas como afectaciones a sus prácticas colectivas, sus formas organizativas y al autorreconocimiento, mediante hechos como amenazas, homicidios, situaciones de estigmatización y desplazamientos que impidieron movilizaciones sociales, actividades pedagógicas y consolidación de liderazgos, pues a menudo las y los miembros de las centrales sindicales fueron falsamente señalados como integrantes de alguno de los grupos armados al margen de la ley.

Con este anuncio se abre paso al proceso de reparación integral del que se encargará el Estado colombiano para reparar los daños sufridos por este Sujeto Colectivo, buscando su dignificación, el restablecimiento de sus derechos, y la promoción de la reconciliación y la construcción de Paz Total.