Con la participación del viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz Martínez, el director eneral de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro y el Director del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), Erles Edgardo Espinosa, se llevó a cabo la firma de un convenio interinstitucional cuyo propósito es aunar esfuerzos para la coordinación referente a las medidas de restitución en materia de vivienda, conducentes a la reparación integral de las víctimas en el marco del cumplimiento a fallos emitidos por jueces y magistrados de este proceso.

Durante el evento, las entidades exaltaron la importancia de contar con el instrumento de trabajo mancomunado que permitirá el intercambio y la interoperabilidad entre las entidades para contar con información de las víctimas en temas de vivienda; implementación de estrategias y acciones con otras entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para el cumplimiento de las órdenes de fallos de restitución de tierras.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, expresó la importancia de generar acuerdos institucionales con la intención de materializar la restitución de tierras, “la medida de vivienda es parte de la columna vertebral orientada a la sostenibilidad del proceso, permitiendo el retorno en condiciones dignas a las familias que un día fueron víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en Colombia”.

Por su parte el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, resaltó que “con la firma de este convenio reiteramos nuestro compromiso para liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y el mejoramiento de las mismas en el sector rural, a familias víctimas de la violencia contribuyendo de esta manera a la disminución del déficit habitacional rural”.

A través del Decreto 1341 de 2020, se reglamentó la política de vivienda rural, un paso más para garantizar la medida de restitución a la vivienda a más de 1.358 hogares y que con la firma de estos instrumentos se fortalece el trabajo mancomunado para la garantía de los derechos y el cumplimiento a los fallos de restitución de tierras.