Con la implementación de las jornadas móviles de atención y orientación a víctimas del conflicto armado y otras actividades de capacitación en 50 municipios, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de su Dirección de Justicia Transicional, reanudó actividades presenciales en región.

Desde dicha Dirección se vienen ejecutando estrategias que buscan garantizar la igualdad real y efectiva en cuanto al acceso de las víctimas a los servicios del Estado, llevando la oferta institucional a muchas poblaciones y lugares apartados de la geografía nacional.

Mediante diversas actividades se atiende, capacita y orienta a víctimas del conflicto, es decir, a quienes han sufrido hechos como desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, delitos contra la integridad sexual, tortura, minas antipersona, reclutamiento, despojo de tierras y en general, violaciones a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario, cometidas por distintos actores armados.

“Una de las estrategias de nuestra Dirección es la de organizar jornadas de atención a las víctimas en diferentes municipios. Con ellas buscamos superar las barreras que impiden el acceso a la justicia y dar a conocer las rutas de atención y las acciones enfocadas en la garantía de sus derechos”, recordó Lucero Galvis Cano, directora de Justicia Transicional de la cartera que lidera Wilson Ruiz Orejuela.

Durante dichas jornadas funcionarios capacitados ofrecen atención y orientación para que las personas puedan acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, conozcan la ruta para hacer valer a sus derechos y sepan a cuáles entidades deben acudir.

Este año -a partir de la primera semana se septiembre y hasta diciembre- se tiene planeado atender en cada municipio a cerca de 300 personas. Habrá atención personalizada de funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Victimas y de la Defensoría del Pueblo.

La oferta institucional estará a cargo del Sena, el Icbf, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los gobiernos municipales y las entidades que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.