El Ministerio de Justicia y del Derecho remitió un documento oficial a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, solicitando la apertura de verificaciones periciales y e indagaciones penales sobre las denuncias públicas relacionadas con reuniones sostenidas en Valledupar. La petición del Ejecutivo se fundamenta en las declaraciones rendidas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, la columna periodística de Melquisedec Torres publicada el 17 de octubre de 2026 y las afirmaciones del abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de Salvatore Mancuso, según el informe de El Nuevo Siglo.

De acuerdo con el radicado suscrito este 19 de octubre de 2026, la cartera gubernamental señala que los señalamientos son lo suficientemente graves como para que la Fiscalía los examine bajo los principios de rigor procesal. La solicitud enfatiza que no se busca dar por verídicas las versiones, sino esclarecer la ocurrencia de los hechos y determinar si existieron intentos de instrumentalizar la justicia para vincular falsamente a personas con conductas punibles, señala el medio.

Según el medio, el expediente reúne los testimonios que indican que en encuentros realizados entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 se habría intentado coordinar declaraciones de excomandantes de las autodefensas —entre ellos Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’— para incriminar a Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Igualmente, se mencionan supuestas promesas de ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), beneficios de libertad o traslados penitenciarios.

Agrega el medio, en el escrito dirigido a la fiscal Camargo, la cartera de Justicia formuló cinco requerimientos puntuales para que el ente acusador precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos. Entre las peticiones se destaca establecer quiénes convocaron las reuniones, la procedencia de las instrucciones y si se ofrecieron beneficios judiciales o traslados a cambio de testimonios previamente acordados o contrarios a la verdad.

De acuerdo con el medio, el documento insta a la Fiscalía a verificar si se promovió la presentación de pruebas o denuncias falsas ante autoridades judiciales, si se utilizaron recursos públicos o figuras de la justicia transicional para fines ajenos a la ley, y si estas actuaciones ya forman parte de las líneas de investigación que adelanta la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Finalmente, la solicitud enfatiza la necesidad de aclarar las discrepancias observadas en las fechas reportadas por las distintas fuentes sobre las reuniones en la capital del Cesar, con el propósito de garantizar la transparencia y el debido proceso dentro de las actuaciones de la Rama Judicial, puntualiza el medio.