El Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunciaron una estrategia conjunta de inspección, vigilancia y control para garantizar que la reducción de $ 500 por galón en el precio de la Gasolina Motor Corriente (GMC), decretada por el Gobierno nacional desde el 1 de febrero, se traslade efectivamente al consumidor final en todo el territorio nacional.

Durante un encuentro entre ambas entidades, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró que la medida responde a una decisión de política pública orientada a proteger el bolsillo de los colombianos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los agentes del mercado.

“Estamos aquí con la Superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas que garanticen el cumplimiento de la medida adoptada por el Gobierno nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente, una decisión política del presidente Gustavo Petro, adoptada dentro del marco legal vigente y cuyo propósito es proteger el bolsillo de los colombianos”, afirmó el ministro Palma.

De acuerdo con el seguimiento técnico realizado por el ministerio, con corte al 4 de febrero se ha evidenciado que, en promedio, en cerca de 25 ciudades principales la reducción observada es de alrededor de $ 300 por galón, lo que indica un traslado parcial del ajuste. En contraste, en la mayoría de los más de 1.100 municipios del país no existiría una justificación económica para diferir la aplicación total de la reducción, por lo que esta debería reflejarse de manera inmediata.

Frente a este escenario, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció el despliegue de acciones de verificación en todo el país, con especial énfasis en los territorios donde se han identificado posibles inconsistencias o se han recibido denuncias ciudadanas.