La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, radicaron este miércoles ante la Corte Constitucional la solicitud de que se convoque a una audiencia pública en torno a la demanda de presunta inconstitucionalidad que cursa sobre el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que hace referencia a los mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria.

En la petición radicada ante el máximo tribunal se precisa que “la norma demandada reviste una especial importancia y trascendencia, no solo para el Gobierno Nacional, por tratarse de un instrumento que establece estrategias para materializar las metas y objetivos económicos, sociales y ambientales trazados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sino también para el Estado colombiano en su integralidad, en la medida que contiene herramientas que permiten el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz”.

Tras la radicación de la solicitud, la ministra Mojica explicó que, amparados en el artículo demandado, el Gobierno destinó en 2023 recursos por $ 883.122 millones y en 2024 se adjudicaron tres billones de pesos para la adquisición de tierras.

“Lo que se solicita es una audiencia pública con intervención de expertos en materia agraria, tales como la línea de tierras y campesinado del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad -Dejusticia, el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, entre otros. Cabe recordar que se trata de una norma con profundas implicaciones, tanto en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, como del Acuerdo Final de Paz como compromiso de Estado. Se busca establecer un debate amplio, que ofrezca mayor claridad a la honorable Corte Constitucional sobre el fundamento, contenido y alcance de la disposición acusada a partir de la experticia de quienes participan directamente en su implementación”, añadió la ministra Mojica.