La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), adelantará una mesa de diálogo con las entidades competentes del Gobierno Nacional para velar por la garantía de los derechos de los usuarios de los créditos educativos que ofrece el Icetex. Esta iniciativa surge a raíz de una reunión con la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos (ACUPE), en la que se manifestaron preocupaciones frente a las vulneraciones al derecho a la educación superior.

En el desarrollo del diálogo, ACUPE manifestó la problemática económica y social que afecta a alrededor de 25.000 usuarios de préstamos educativos con el Icetex que pertenecen a esta organización, especialmente aquellos de los estratos 1, 2 y 3 que solicitan créditos a mediano y largo plazo. Dichos créditos presentan capitalización de intereses que incrementan el valor a pagar en la etapa de amortización de manera exponencial. La situación se agrava aún más con la fórmula financiera que maneja el Icetex, que incluye el IPC más 9 puntos añadidos y permite cambios en las condiciones del crédito de manera unilateral.

Los usuarios expresaron las fuertes afectaciones que esta situación genera en sus familias, las cuales han visto la impotencia de sus hijos al enfrentarse con deudas impagables. Esto los lleva a ser reportados ante las centrales de riesgo, lo que imposibilita mejorar sus condiciones de vida y afecta, de alguna manera, la salud mental de sus integrantes.